Días atrás se presentó en la justicia federal un amparo colectivo promovido por un conjunto de asociaciones civiles que representan a pacientes de cáncer y otras enfermedades graves con el fin de tutelar los derechos a la salud y a la vida de las personas que requieren medicación o asistencia en su tratamiento médico y están esperando la resolución de sus expedientes ante la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales –DADSE– dependiente del ministerio de Salud de la Nación.

Mencionan los amparistas que la DADSE se encuentra frente a una situación de cierre o la suspensión del funcionamiento, decisión del gobierno que dejó sin respuesta a personas que no tienen otro modo de conseguir las medicaciones que requieren.

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Además, señalan que la DADSE es el último recurso que tienen pacientes oncológicos y de otras patologías, de bajo, medio y alto costo, que no tienen obra social ni otra cobertura médica, que no reciben ningún tipo de subsidio o transferencia económica y que tanto sus propias jurisdicciones u otros bancos de medicamentos les han dado una negativa a cubrir su medicación.

Por último, afirman que el amparo pretende que se garantice el funcionamiento de la DADSE, a través de la designación de autoridades, la sanción de un procedimiento eficaz y rápido para cotizar las compras, que implique que ningún expediente demore más de 60 días desde su presentación, y que se le garantice un presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento.

Señalan antecedentes de la Corte Suprema, respecto de las obligaciones convencionales respecto al derecho a la salud, donde reseñan que “de acuerdo con lo dispuesto por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar el derecho a la preservación de la salud -comprendido en el derecho a la vida con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de medicina prepaga.”.

Concluyen que “la DADSE es el modo en que el gobierno federal cubre, de manera subsidiaria, las obligaciones básicas del derecho a la salud comprometido internacionalmente”.