La iniciativa, impulsada por Guillermo Castello, diputado de La Libertad Avanza, promete abrir un debate por su impacto en el espacio público y la seguridad urbana.

La propuesta busca modificar el Artículo 74 del Código de Faltas, tipificando como infracción cualquier servicio vinculado al cuidado o autorización de estacionamiento, así como la limpieza de vehículos en la vía pública. Las penas incluyen multas equivalentes al 15% al 40% del salario de un agente de la Policía Bonaerense o arrestos de 2 a 30 días.

En caso de que estas actividades se organicen previamente o se realicen en las inmediaciones de espectáculos públicos o eventos masivos, las sanciones se duplicarían, afectando tanto las multas como los períodos de arresto.

Castello argumentó que el objetivo es atacar la extorsión y recuperar los espacios públicos para los vecinos, evitando exigir pruebas de retribución económica por los servicios ofrecidos, lo que agilizaría la intervención policial. “Basta de aprietes. Queremos terminar con la extorsión y devolverle el espacio público a los ciudadanos”, expresó en redes sociales.

El Artículo 215 del Código de Convivencia establece multas que oscilan entre 50 y 1.000 módulos para quienes ofrezcan servicios de este tipo en semáforos o puntos donde pongan en riesgo su seguridad o interfieran en el tránsito. A pesar de ello, el fenómeno sigue siendo habitual, especialmente en el Casco Urbano y zonas cercanas a estadios y teatros.

UN TEMA QUE DIVIDE OPINIONES
La actividad de los cuidacoches genera posturas encontradas. Mientras algunos vecinos reclaman mayor control por considerar estas prácticas una forma de coacción, otros argumentan que representan una salida laboral en un contexto de alta informalidad y desempleo.

Con este proyecto, el oficialismo y la oposición tendrán un nuevo desafío para balancear la seguridad y los derechos ciudadanos, en un contexto de tensiones sociales y urbanas que afecta directamente a los vecinos de Quilmes y el resto de la provincia.