Durante tres años, el menor fue obligado a trabajar en una distribuidora de bebidas alcohólicas en condiciones inhumanas, sufriendo maltratos físicos y sin acceso a la educación, interrumpiendo su escolaridad durante dos años.

El allanamiento fue realizado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de Berazategui, bajo la dirección del fiscal Daniel Ichazo. En la operación participaron varios organismos, incluyendo la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Local de Niñez, y el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.

“El menor vivía en una situación de extrema vulnerabilidad, con sus derechos fundamentales gravemente afectados”, señalaron las autoridades. La intervención no solo permitió su rescate, sino que también busca garantizar la protección de sus derechos y su recuperación tras años de explotación.

El trabajo infantil es un delito tipificado en el Artículo 148 bis del Código Penal Argentino, que penaliza la contratación de menores en condiciones abusivas. El caso avanzará en la Justicia, mientras el menor recibirá apoyo para su reinserción escolar y social.