Durante una inspección, el organismo encontró evidencias de torturas, malos tratos y violencia sexual contra las personas internadas en la clínica. En respuesta, la CPM presentó un habeas corpus colectivo que fue rechazado por Carolina Stein del Juzgado de Familia N° 4 de Quilmes, basándose en un informe interdisciplinario que desestimó las denuncias y se centró en las condiciones administrativas de la institución.

El monitoreo realizado por la CPM reveló una alarmante falta de atención médica, escasez de personal, condiciones materiales inadecuadas, y un abordaje insuficiente para las personas con discapacidad. Entre las violaciones más graves se encuentran situaciones de violencia sexual que las internadas enfrentan, las cuales han sido sistemáticamente ignoradas por el personal de la clínica. La CPM destacó que la respuesta institucional ha sido la negación de estas situaciones, revictimizando a las mujeres al culparlas y no proporcionar intervenciones reparadoras, según indica la agencia de noticias Andar.

El informe del juzgado, firmado por varios profesionales, no incluyó entrevistas confidenciales con las víctimas, lo que plantea serias dudas sobre la fiabilidad de su evaluación. Dado el contexto de vulnerabilidad en que se encuentran los internos, es poco probable que se sientan seguros para relatar abusos en presencia del personal que podría ser responsable de esos mismos abusos.

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Luego de la inspección, la CPM también notificó a diversos organismos estatales sobre las irregularidades encontradas. El Departamento de Fiscalización, en su acta de agosto, corroboró las denuncias de la CPM, incluyendo testimonios de internos sobre torturas y malos tratos. Sin embargo, las autoridades se limitaron a dialogar con los responsables de la clínica sin llevar a cabo acciones concretas. 

Ante la falta de respuestas adecuadas y el rechazo del habeas corpus, la CPM presentó una denuncia penal ante la UFIJ Nº 5 de Quilmes, que incluye tanto las violaciones de derechos ya mencionadas como el caso específico de violencia sexual que motivó la intervención inicial. La situación en la clínica refleja una grave crisis de derechos humanos, y se requiere una respuesta urgente y efectiva de las autoridades competentes para garantizar la protección y dignidad de las personas allí alojadas.