Este lunes el juez Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por el dinero entregado a través del programa Potenciar Trabajo.

El magistrado dio por probado que el líder piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final del dinero.

Además, el juez federal le trabó un embargo de $390 millones y sostuvo que el dirigente "aprovechó la política pública para intereses partidarios", según indicó el fallo.

El procesamiento emitido por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública alcanzó a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, al igual que a María Isolda Dotti y Gianna Puppo, quienes también fueron procesadas por "amenazas coactivas".

También fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, acusadas de ser autoras de amenazas, y Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz señalados como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.

"Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)", indicó la resolución de 168 páginas emitida por Casanello.

Al respecto, el magistrado explicó: "En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron".

"No sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa", señaló.

Casanello indicó que los chats grupales aportados por los denunciantes, más el contenido extraído de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que "las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública".

Cabe mencionar que la causa se originó el 20 de diciembre, cuando las fuerzas opositoras preparaban la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno abrió la línea 134 del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas.