La decisión del Ejecutivo había sido anticipada a principios de mayo, al precisar que se estaba en camino de eliminar el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de "reducir costos y eliminar trámites burocráticos".

El texto oficial, que lleva la firma del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, explica que la medida se vincula a “la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional, en el marco de las políticas públicas que viene llevando a cabo el Estado Nacional”.

Las oficinas que se cierran están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

En cuanto a la derivación de las funciones vacantes, se aclaró que la competencia y las tareas de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor suprimidos serán asumidas por otros Registros Seccionales competentes designados a tal fin.

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Al justificar la decisión, se expresó que “obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”.

La Resolución también dejó sin efecto la puesta en funcionamiento de “aquellas oficinas registrales cuya apertura no se hubiere materializado a la fecha del presente, de modo tal de impedir que en el futuro se cubran los nuevos cargos creados, sin que ello implique erogación alguna por parte del Estado Nacional”.

Las nuevas sedes que no serán abiertas están repartidas entre Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.