”Teto” Medina y otros 16 demorados quedaron alojados en la sede de la Comisaría Berazategui Primera, para ser posiblemente indagados este viernes por el fiscal Daniel Ichazo. 

Las figuras legales que se investigan son “reducción a la servidumbre”, “explotación laboral”, “estafa” y “asociación ilícita”, todas que ameritan graves penalidades.  Los aprehendidos son los responsables de 7 centros de rehabilitación, a quienes se los acusa de mantener a unos 60 jóvenes privados de su libertad con el objeto de explotarlos laboralmente. 

Por su parte los familiares de los internos adictos a las drogas, negaron todos los cargos y explicaron ante las cámaras de televisión nacional que en los tres primeros meses de tratamiento, las personas son muy reacias al ordenamiento que requiere el centro de rehabilitación. 

Negaron malos tratos, justificaron la necesidad de que los hagan trabajar para luego poder reinsertarse en la sociedad, y aseguraron que el dinero que estaban pagando –entre 20 y 30 mil pesos por persona- está bien justificado ya que cubre alimentos y demás gastos de vivir internados.

Con el correr de las horas, se confirmó que la denuncia surgió del Padre Quique, sacerdote que dirige un centro de día para adictos en una parroquia de Berazategui, a quien se lo acusó de tener la intención de “competir” con el centro de rehabilitación. 

Mientras tanto, los datos del operativo policial eran imponentes: 26 allanamientos simultáneos (7 en quintas de rehabilitación y 19 domicilios particulares) en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, CABA y Córdoba, con 17 detenciones, 8 líneas telefónicas intervenidas, las cuales arrojaron más de 60 cds de escuchas transcriptos.

Los establecimientos no tenían habilitaciones, ni municipales ni provinciales, ni tampoco se encuadraban en las normativas vigentes. No recibían inspecciones, y para el Estado eran invisibles. 

Los familiares de los internos volvieron a reclamar por una ley de adicciones que permita la internación compulsiva de los adictos mayores de edad, y que el Estado se involucre activa y comprometidamente en la rehabilitación.

Como respuesta, unos cuarenta jóvenes internados fueron obligados por la Justicia a regresar a sus hogares, aún contra su voluntad, sin haber logrado vencer sus adicciones.