En dicha causa, se encuentran imputados la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, y ex funcionarios: el ya conocido ex subsecretario de Hábitat de la Comuna, Sebastián Raspa, y Martín Bordalejo, a quien se lo menciona como presunto titular de sociedades y cuentas off shore.

También están imputados José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y la secretaria de Obras Públicas, Ceci Soler. 

“Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González a Infobae.

DENUNCIA
La causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.

Se recordará que una vez conocida públicamente este caso, la Municipalidad se presentó a la Justicia solicitando la investigación de estos hechos.

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Según la denuncia de Dupuy de Lomé, los ahora ex funcionarios Raspa y Cangelosi habrían recibido 535 millones de pesos, con los que Raspa tendría tres offshore en Miami, de las cuales Bordalejo sería su director.



La denuncia añadió que “la gente que prestaría funciones haciendo los trabajos que le son conferidos a Raspa, recibían planes sociales otorgados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin concedérsele remuneración alguna”.

PIDEN PRUEBAS
En base a la misma, el fiscal González le notificó al juez federal Ariel Lijo el impulso de la causa y solicitó llevar adelante una serie de medidas de prueba que incluye la compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde están registradas todas las cooperativas, informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los datos sobre las cooperativas denunciadas en este caso. También se pidió informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídica.

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El fiscal busca saber además “toda la normativa y/o acto administrativo que dé cuenta si Sebastián Raspa, Romina Cangelosi y Martín Bordalejo se han desempeñado en el Municipio de Quilmes, y en su caso, se recaben las constancias pertinentes que indiquen los cargos que ocupan y/u ocuparon, con sus respectivos períodos de tiempo de ejercicio”. La investigación quiere recabar también datos de la AFIP, el Banco Central, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y un exhorto a Miami en busca de datos para corroborar las supuestas offshore.

Según la hipótesis de la causa, hay tres cooperativas bajo la lupa: la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada, la Unión de Azul, Progreso y La Estrella. A través de decenas de contrataciones provenientes de la secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, y que llevan la firma de Mendoza, estas tres entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022. 

Las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.
(Fuente: Infobae)