La medida, gestionada por la Dirección General de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial del Municipio, encabezada por Melisa De La O, surge ante el aumento notable de reclamos de vecinos de Quilmes tras el cierre de las oficinas de atención al público por parte de AySA.

Según un relevamiento realizado por esta Dirección municipal, en el primer semestre de 2024 las denuncias contra AySA representaban el 1,77% del total de reclamos. Sin embargo, desde el cierre de la atención presencial, esta cifra se disparó a casi el 6%. La resolución se sustenta en la normativa vigente, que obliga a la empresa a garantizar un servicio continuo, eficiente y de calidad, incluyendo canales accesibles para toda la población. Esto resulta especialmente relevante para personas en situación de hípervulnerabilidad, quienes carecen de acceso a los canales telefónicos o virtuales ofrecidos por la empresa.

En consecuencia, se estableció que AySA deberá designar personal capacitado, habilitar infraestructura adecuada y ofrecer horarios razonables que permitan a los usuarios gestionar consultas, reclamos y trámites administrativos de manera presencial. El plazo máximo para implementar esta medida será de 30 días corridos.