En un decreto oficializado, Milei argumentó que la ley aprobada por el Congreso violaba el marco jurídico vigente, ya que no contemplaba su impacto fiscal ni la fuente de financiamiento, lo que podría perjudicar las finanzas públicas de Argentina.

El Presidente enfatizó que el proyecto no buscaba proteger el financiamiento de las universidades, sino que tenía motivaciones políticas en su contra. Además, su administración se comprometió a vetar cualquier iniciativa que aumentara el gasto público sin una partida presupuestaria específica. En redes sociales, el Gobierno instó a los legisladores a actuar con responsabilidad, sugiriendo que el debate sobre el financiamiento universitario debía darse en el contexto del Presupuesto Nacional 2025.

La Casa Rosada también manifestó que la postura respecto a esta ley sería la misma que la adoptada con el proyecto de aumento de jubilaciones. A pesar de la oposición y la movilización popular, el Gobierno mantuvo su decisión, argumentando que algunos dirigentes opositores buscaban obstruir su plan económico.

Milei reafirmó su objetivo de transformar el modelo económico argentino, alejándose del populismo de los últimos cien años. La administración rechazó ceder ante lo que consideró manipulaciones políticas, reafirmando su compromiso de lograr un déficit cero y reducir la inflación.