La medida está relacionada al conflicto existente entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño por la responsabilidad del financiamiento de los subsidios al transporte en el territorio metropolitano.

En este marco, las cámaras empresarias del sector manifestaron en un comunicado que la continuidad de los servicios está en riesgo por “la falta de acuerdo entre las jurisdicciones del AMBA (Nación, CABA y PBA)” sobre la cobertura de los subsidios a las líneas de CABA desde el 1/9/2024, la cobertura de la RED SUBE para aquellas líneas que no son de Jurisdicción Nacional y recorren el AMBA, la falta de actualización de la estructura de costo utilizada para calcular subsidios y el sub-reconocimiento en cálculo de subsidios de costo de inversión en coches, respecto al que denuncian que existe una “brecha mayor al 100%”.

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En este sentido, detallaron que “entre Tarifa y Subsidios los operadores recibimos $862 promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrir las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva”, señalando que “esta crisis no es nueva”, sino que “se agravó a la salida de la pandemia, y no logra recomponerse, por eso los usuarios perciben un servicio cada vez peor mientras paradójicamente pagan más”.

Ante el escenario descripto, las empresas indicaron que “no hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever cómo garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas. Por tal motivo desde la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor”.

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Está decisión implica una reducción de los servicios que ya se viene aplicando en los últimos meses, lo que se refleja en que “ya se perdieron 5% de las frecuencias, cifras que se irán incrementando”, según puntualizan los empresarios.

En este contexto, también peligran los puestos de trabajo de los colectiveros ya que las empresas aseguran que “no podremos garantizar continuidad de fuentes laborales, hasta tanto se resuelva cómo y quién paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores, que moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios, y cuya tarifa cubre solo un 20% del costo real, medición que invitamos a cualquier investigador independiente para que evalúe”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “agrava el cuadro la irregular distribución de subsidios en favor del Grupo DOTA, en desmedro del resto, al recibir el equivalente a más de 30.000 millones de pesos de fondos públicos de manera indebida desde 2022”.

Al respecto, señalaron que “esta situación derivada de una poco transparente distribución de subsidios al gasoil entre todos operadores, y que beneficia a ese grupo, ya ha sido advertida por las actuales autoridades que heredaron este tema que empezó hace más de 2 años, y que si bien existe el compromiso de que se corregirá a través de la orientación del subsidio a la demanda, el daño producido contribuye a agravar la crisis del sector, hasta tanto tal irregularidad sea corregida”.

El comunicado fue firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos de Buenos Aires (CTPBA), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).