Investigaciones dirigidas por el ministerio de Seguridad de la Nación, junto a la Policía Federal Argentina, condujeron a realizar allanamientos y ordenes de presentación en distintos instituciones médicas, escribanías y estudios jurídicos en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, en busca de documentos e información vinculados a casos sospechosos de intermediación ilegal de entrega de recién nacidos por subrogación de vientre a ciudadanos extranjeros por parte de mujeres argentinas en situación de vulnerabilidad.

La investigación se abrió en enero último por denuncia de la Cancillería al recibir un alerta desde Alemania, donde una ciudadana de ese país de 58 años llegó a un hospital con un bebé de tres meses de nacionalidad argentina y en muy mal estado de salud.

Desde entonces en los tribunales federales de Retiro "se investiga la puesta en marcha de un negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes —a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”— y la posterior comercialización de los niños/as que nacen a partir de ese método", explicaron fuentes del caso en el que interviene la Protex.



A partir de este hecho y con las investigaciones realizadas se pudo identificar a la gestante de la menor y se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución.  

Los agentes federales establecieron que se trataría de una organización criminal transnacional dedicada a la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que mediante el ofrecimiento de un resarcimiento económico les alquilaban sus vientres para la gestación de niños, realizando el tratamiento en centros de fertilización asistida ubicados en la Capital Federal y Rosario, con el fin de la “gestación por sustitución”, con el objetivo de vender niños recién nacidos a parejas de origen extranjero, sin residencia en este país. 

Asimismo, de tales maniobras participaban estudios jurídicos y escribanías, que se ocupaban de la documentación correspondiente referente al consentimiento obligatorio para las gestantes, bajo las condiciones de que si en el embarazo se detectaban anomalías se debía interrumpir el mismo y si el nacimiento era normal, serían separadas del niño,  obligándolas por escrito a no volver a tener contactos con sus hijos.



Con el total de las pruebas obtenidas por los efectivos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Dra. María Eugenia Capuchetti, Secretaría N° 10 del Dr. Leandro Noguera ordenó un total de 16 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en Rosario provincia de Santa Fe y cinco ordenes de presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como resultado de las diligencias ordenadas y con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) se secuestró gran cantidad de documentación probatoria de las actividades ilícitas quedando a disposición del magistrado interventor.