El resultado de la votación de los 11 miembros del jurado, encabezado por el presidente de la Suprema Corte, Julio Pettigiani, fue 9 a 2 a favor de la destitución. Pablo Garate (FR) y Santiago Révora (UC) respaldaron a Arias.

La acusación incluía una veintena de cargos, entre ellos abuso de autoridad, irregularidades administrativas, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hasta su destitución, era considerado un opositor sistemático a las resoluciones del actual gobierno provincial, en cuanto a disposiciones emanadas de su despacho sobre aumento de tarifas, discusión salarial con los estatales y apreciaciones específicas en los descuentos por días de huelga.

"Hemos tratado de poner límites al Poder Ejecutivo cuando consideramos que avasallaban los derechos de los trabajadores", consideró Arias en su alegato. La manera como tramitó esos expedientes, en los márgenes de sus atribuciones y funciones, fue el nudo de la imputación en su contra. El Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, fue el encargado, en la acusación, de advertir la ilegalidad de la conducta referida.

PRINCIPALES CAUSAS
Entre las causas en cuestión, estuvo su actuación en la etapa investigativa de la inundación de La Plata. Además, las diligencias judiciales bajo su responsabilidad con el pedido de suspensión de desalojos en las localidades de Gorina y Abasto, en la capital bonaerense, que no se cumplieron –según la imputación- porque Arias impidió su ejecución.

En la imputación de hace unos días, Conte Grand, quien actuó como fiscal del jury, atribuía al acusado “avasallamiento del ámbito de la jurisdicción de otros magistrados” y le reprochaba una supuesta “intervención activa en política”. El responsable del ministerio público planteaba entonces que Arias “pretendió crear otro sistema que, a su juicio, mejoraba la tutela de derechos”, pero eso significó un “flagrante desprecio al orden constitucional”.