El fallo suspende parcialmente la aplicación de la Resolución 84/2024 del ministerio de Capital Humano, la cual disponía las “causales de egreso de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento”.

El magistrado entendió que esas disposiciones “revisten indicios de ilegitimidad”, en referencia a los artículos de la resolución que establecía la expulsión inmediata de beneficiarios que interrumpieran la circulación o participaran en actos de violencia.

“Aceptar la aplicación de los señalados artículos atenta contra el derecho a ser oído del beneficiario”, en alusión a la falta de un procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa, sostuvo Cormik.

También interpretó que: “Suspender el beneficio en forma inmediata puede generar un daño irreparable”, argumentando que la vulnerabilidad económica de los beneficiarios hace que una exclusión abrupta del programa sea particularmente grave.

Respecto de la cláusula que excluye a quienes viajen al exterior, el juez señala que “implica un exceso de discrecionalidad el requisito dispuesto por la Administración”, ya que no se establece un criterio claro sobre qué viajes justifican la exclusión.

También cuestionó la incompatibilidad por uso de tarjetas de crédito o billeteras virtuales, afirmando que “se estaría fomentando la economía no formalizada” y castigando a quienes hayan realizado consumos que superen el salario mínimo, vital y móvil.

La resolución dictada el viernes pasado es en respuesta a un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Con la presentación judicial que se realizará en los próximos días, el ministerio de Capital Humano buscará restablecer las disposiciones que permiten excluir de los beneficios que abona el Estado Nacional a las personas que realicen manifestaciones y que participen en actos de violencia. Según el Gobierno, la medida judicial impide “evitar extorsiones y aprovechamientos espurios de colectivos sociales”.