La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y tiene por objetivo “racionalizar y optimizar” la utilización de celulares en manos de los funcionarios para lograr el “máximo de eficiencia”, monitoreando sus usos, estados, reparación y devolución con un grado de certeza mayor.

El Decreto N°1.183/24 de la administración de Axel Kicillof contempla la mejora del sistema de entrega y control de los teléfonos a los empleados públicos. Asimismo, plantea controlar “más minuciosamente su devolución, reposición, reparación y uso”.

Asimismo, la medida estipula una serie de prohibiciones para la utilización de los celulares brindados por el Estado bonaerense a sus funcionarios y trabajadores de la función pública.

Por ejemplo, prohíbe “la utilización de servicios de comunicaciones móviles vinculados a programas de entretenimiento televisivos, ringtones y/o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características”.

En cambio, el régimen habilita el uso de servicios de roaming de datos o discado directo internacional, pero solo para secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo con rango y jerarquía equivalente.

La fiscalización de las prohibiciones y habilitaciones dispuestas por la gestión de Kicillof estará, en ambos casos, en manos de la Dirección de Telecomunicaciones de la Provincia de Buenos Aires, que deberá renovar o dar de baja las licencias cada 30 días.

La medida se lee como parte de un plan de austeridad y para mejorar la eficiencia de los recursos estatales que muchos gobernadores están llevando adelante, en medio de los duros recortes a las provincias aplicados por la administración de Javier Milei.

Puntualmente, la gestión bonaerense le reclama a Nación deudas por $6,3 billones en distintos ítems, como subsidios al transporte, Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y cajas previsiones, entre otros.